Coronavirus y SARC: una pareja disfuncional

Al estilo de un mal matrimonio, el Sistema de Administración del Riesgo de Crédito (SARC) no se entiende con el coronavirus. La incompatibilidad surge porque el virus respira, vive y se desarrolla en una atmósfera atípica en la que no fue concebido el SARC, en tanto que éste critica a la pandemia porque le cortó los servicios con unas vacaciones forzadas, justo en el momento en que más se requiere del análisis ponderado del riesgo de crédito.

En la versión de ella (la pandemia) su comportamiento ha sido ejemplar pues ha generado períodos de gracia y trasteo de las cuotas de amortización de los créditos que desaparecen la morosidad. En la versión del SARC la conducta de ella ha sido reprochable al ocultar una explosión del riesgo de crédito que más temprano que tarde va a aflorar, tan pronto terminen los 120 días de vigencia de los alivios otorgados a los deudores.  

Y como siempre sucede, los hijos son los que pagan los platos rotos de las peleas de los padres. En este caso los hijos son los analistas de las áreas de riesgo de las entidades a los que les va a tocar convivir durante 120 días con esta pareja cuyas versiones de los hechos son, al igual que ellos, irreconciliables.

La frustración del SARC es muy entendible. Después de haber hecho tantos esfuerzos en la calificación y categorización del riesgo de crédito de los deudores para que reflejen los cambios actuales y potenciales en la capacidad de pago, llega ella a congelar las calificaciones por 4 meses no obstante que 5.4 millones de colombianos perdieron su empleo de abril de 2019 a abril de 2020.

El le pide a ella que recapacite al recordarle que tan sólo una de las 13 agrupaciones económicas en que se divide el reporte del Dane generó nuevas plazas de trabajo. Fue el sector de electricidad, gas y agua con la creación de 9.000 empleos, en evidente contraste con la destrucción de más de un millón de empleos en la industria manufacturera.

Como no logra convencerla el SARC saca más argumentos. Le cuenta que el sector comercio - que es el principal empleador del país - destruyó 943.000 empleos no obstante los inmensos esfuerzos que hizo el gobierno para evitar la debacle laboral y remata el planteamiento contándole que esos 5.4 millones de empleos perdidos representan nada menos que el 22.8% de la población económicamente activa que tenía el país en marzo de 2020.

En tono conciliador el SARC le pide a la pandemia que no sea indolente con esa cifra puesto que la pérdida del empleo desaparece tanto el ingreso como la capacidad de pago de los deudores haciéndole caer en cuenta que el 22.8% de los deudores ya entraron en default técnico mas no contable, si se asume que todos ellos tenían créditos con el sistema financiero, pues es muy improbable que esos empleos se recuperen en lo que resta del año.

En un esfuerzo adicional de reconciliación el SARC le lee a la pandemia los elementos constitutivos del modelo de referencia que estima la pérdida esperada como base para la determinación de las provisiones aplicables a la cartera de consumo y comercial.

Le indica que a la luz de este proyecto normativo la pérdida esperada es el producto de multiplicar la probabilidad de incumplimiento por la pérdida derivada del incumplimiento por el saldo expuesto.

Y le recita la definición de la probabilidad de incumplimiento entendida como la posibilidad de que en un lapso de 12 meses los deudores incurran en una mora superior a 90 días en los créditos de consumo, superior a los 120 días en la cartera comercial y superior a un día en los créditos que tienen solamente una cuota de amortización.

Le señala que si bien el proyecto normativo dispone que se aplique una probabilidad de incumplimiento del 0.50% a un crédito de mínimo riesgo con libranza de un deudor calificado en A en una cooperativa de ahorro y crédito, la norma también establece que la entidad debe cambiar la calificación de los deudores a categorías de mayor riesgo cuando cuente con elementos de juicio adicionales que sustenten dicho cambio, como es el caso tras la pérdida del empleo del deudor.

Ella no duda en tildarlo de egoísta e insensible al argumentar que los alivios buscan impedir que se obstruya el canal crediticio que requieren los hogares quizás como en ningún otro momento de nuestra historia reciente y además le pide que honre la noble cuna que él dice tener en gracia de su segundo apellido: Basilea.

Ella le recuerda que él proviene de una elegante familia europea de mucha tradición en el tratamiento del riesgo financiero que contempla espacios contracíclicos de desacumulación de provisiones cuando llegan las épocas de las vacas flacas. Le puntualiza además que así como la regulación prudencial está construida para ayudarle a la entidad que en el período previo a la crisis ha construido colchones de provisiones, también debe apoyara al deudor que incurre en incumplimiento por causas ajenas a su voluntad.

En un último esfuerzo por evitar el divorcio el SARC se arrodilla y le ruega a la pandemia que le permita llevar la probabilidad de incumplimiento del 0.50% al 100% en ese deudor que fue excelente pero que entró a formar parte de los 5.4 millones de colombianos que perdieron el empleo en abril, a lo que ella responde que él puede hacer lo que se le de la gana una vez terminen los 120 días de su reinado.

Desafortunadamente esta historia termina mal con la anulación del matrimonio ante el Vaticano y con la salida al mercado del usado de un SARC que irá a buscar una nueva pareja más consciente, sincera y fiel a la realidad. Los hijos quedan con una herencia que en realidad es una deuda: la revelación tardía y explosiva del riesgo de crédito que permaneció oculto detrás de los problemas maritales de una pareja intrínsecamente disfuncional.